A principios de junio escribí este artículo en el cual explicaba lo que en mi opinión iba a ocurrir después de conocerse quien sería el ganador de las elecciones.
Ya han transcurrido varios días desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador y el escenario político, y sobre todo el ambiente económico, está inusualmente tranquilo.
¿El nuevo gobierno ya habrá decidido el rumbo de los próximos seis años?
Cada cambio de gobierno genera un efecto desestabilizador. Como puedes ver en la siguiente gráfica en los días previos a cada votación por la presidencia el tipo de cambio peso dólar se deprecia para luego volver a sus niveles previos a la campaña presidencial.
Desde luego el pasado no garantiza el futuro. La elección fue un “no evento” es decir, el lunes 2 de julio transcurrió “business as usual”.
¿Por qué?
Porque aún faltan muchos meses para la Gran Decisión.
¿A qué me refiero con la gran decisión?
Los diferentes gobiernos mexicanos han hecho una colección de promesas que hemos integrado en nuestra forma de vida como derechos. Hace unos meses publique el artículo El Futuro del IMSS en el cuál lanzaba la pregunta: ¿la seguridad social es un derecho o un beneficio? Prácticamente todas las personas que respondieron a través de Facebook dijeron que la seguridad social es un derecho. Es decir, algo que nos ganamos por el simple hecho de ser como son el derecho a la vida o la libertad. En realidad, es un beneficio, en el cual algunos tienen que pagar para que otros se beneficien. Porque como debe ser obvio para cualquier que paga por su seguro particular de gastos médicos lo que se paga como contribuciones a la seguridad social no guarda relación con los beneficios recibidos. Ese enorme diferencial entre beneficios y costos no se puede perder en la nada. Hay que sacarlo de algún lado. Y ese lado es el gasto público. El próximo gobierno tiene que hacerse una gran pregunta:¿De dónde vamos a sacar para pagar por todos esos beneficios que alguien más ha prometido?
Para que te des una idea de como están las cosas:Pensiones
Todos sabemos que las personas que empezaron a trabajar antes de 1997 tienen, al menos en principio, derecho a recibir una pensión pagada por el IMSS, que es determinada por sus años de cotización y por el sueldo promedio de los últimos cinco años. Pero que no guarda relación con el monto total contribuido o los rendimientos financieros. Es decir, es un esquema muy favorable al trabajador. Pero ruinoso para el pagador. Actualmente tenemos 9.1 millones personas pensionadas por este esquema. Con un costo según el presupuesto de egresos del gobierno federal de 793,700 millones de pesos en el 2018. Y ese número crecerá muchísimo en los próximos años. Piensa que este año cumplen 65 años las personas que nacieron en 1953. Como todas las personas que trabajaron bajo la ley de 1973 tienen derecho a elegir entre la pensión garantizada por esa ley y la pensión “ahorrada” de la ley nueva (que es prácticamente imposible que llegue a ser mayor que la primera) estaremos pensionando gente con ese esquema hasta 2040 aproximadamente (es decir a las personas que nacieron entre 1973 y 1975).
Y lo que pueda disminuir la carga para el gasto público por el fallecimiento de los pensionados será apenas una pequeña fracción de lo que se incremente por la llegada de nuevos beneficiarios al sistema.
Pago de deudas contraídas con anticipación
En mi artículo de la semana pasada Tormenta Financiera en el Horizonte te platiqué del alza en las tasas de interés. Y de su efecto, sobre la economía de los Estados Unidos.
Ese efecto también se siente, como patada de mula por ser muy coloquial, de este lado de la frontera. El gobierno mexicano acumula deudas por la mitad de toda la producción de bienes y servicios del país durante un año (es decir, por 50% del producto interno bruto). Esas deudas se tienen que refinanciar constantemente. Así que si las tasas de interés son más altas tendrán que pactarse con mayores costos para el gobierno.
En esta gráfica puedes ver cómo se acumulan año los gastos por pensiones y pago de intereses sobre la deuda.
Servicios médicos
El gobierno mexicano atiende cada año médico a través de sus diferentes sistemas (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, servicios estatales, etc) a más de 40 millones de personas. Con un presupuesto de más de quinientos mil millones de pesos. Es de público conocimiento que los costos de la atención médica son cada día mayores. Esto se explica por un cambio en la naturaleza de las enfermedades (que antes eran mayoritariamente agudas y ahora son mayoritariamente crónicas). Asimismo, por el desarrollo de mejores, pero más costosas tecnologías médicas y la generalización de malas hábitos de actividad y alimenticios. (Es decir, hemos logrado que la diabetes y sus complicaciones sean un problema mayor de salud pública). Así que el nuevo gobierno se tendrá que hacer una pregunta crítica. ¿De donde vamos a sacar el dinero para pagar por todos los compromisos que se nos vienen encima? Independientemente de la respuesta, ni siquiera esa es la pregunta más importante. Si no la de:¿Queremos aferrarnos al poder en los años por venir o nos limitamos a aprovechar el sexenio?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México de 2000 a 2005 nos dice algo muy interesante de las decisiones de gobierno: La gente le da un muy alto valor a los pagos que son percibidos como un beneficio directo del gobierno. Durante ese sexenio se implantó el programa Pensión Alimenticia para Adultos Mayores que equivale a darle a cada persona mayor de 68 años que califique para ello un ingreso. En 2018 la pensión es de 1,209 pesos. Esta transferencia de recursos se vuelve una parte del ingreso disponible de las familias, es decir, es un sueldo real que recibe la gente. Además al obtenerse sin tener que realizar los gastos que deben de realizar las personas que salen a trabajar, como transporte o alimentación fuera de casa su efecto en el ingreso es percibido como mucho mayor que solo los 1,200 pesos del subsidio. Las experiencias de las elecciones de 2006, 2012 y ahora mismo en 2018 parece mostrar que este tipo de transferencias son percibidas en forma muy favorable por el electorado.En conclusión, parece haber una relación muy directa entre iniciar programas de subsidio directo a la población y obtener resultados favorables en las elecciones.
La siguiente administración, sea quien sea el que quede como Gran Jefe tiene algunas preguntas muy interesantes: ¿Los compromisos previamente pactados con qué los pagamos? ¿Recortamos el gasto en todo lo demás para pagar por pensiones, intereses y servicios médicos? ¿O incrementamos los impuestos? ¿O pedimos prestado? Y aún más relevante para su futuro político. ¿Lanzamos nuevos programas de subsidio masivo como el pago a las personas que ni estudian ni trabajan o la renta universal? Y ¿cómo los pagamos? Si la decisión es incrementar los programas y lanzar una combinación entre mayor endeudamiento y mayores impuestos estamos…. Perdidos.
